Hoy comentamos la sentencia recaída en el caso de un consumidor que ejercita acción de desistimiento de contrato de compraventa y reclamación de cantidad frente a nuestro cliente, entidad vendedora de vehículos, pidiendo la resolución del contrato de compraventa del vehículo, y en consecuencia, se condene al concesionario a la devolución del precio de la compraventa por importe de 12.900 € y acepte la devolución del vehículo. Se trata de un coche usado con 152.000 kms. al momento de la venta, con un año de garantía de reparaciones sin coste para el cliente.

El consumidor comprador alega en su demanda que a los pocos días de la compra observó que el vehículo expelía mucho humo, fue al taller de la empresa vendedora y le dijeron que era normal, que a los pocos meses, en julio, en el salpicadero del coche aparece “avería de motor”, por lo que volvió a ir al taller; meses después, en octubre aparecen manchas en las mangueras del motor observando pérdida del líquido refrigerante, por lo que nuevamente va al taller; en diciembre aparece otra avería se encienden tres testigos en el salpicadero que indican presión aceite motor baja, fallo en el sistema motor y fallo en el sistema del vehículo. En abril de 2023 decidió llevar nuevamente el coche al taller para ver que pasaba porque salía humo blanco, y le dijeron que era normal, hasta que en mayo de 2023 decide llevar el vehículo a un taller oficial de la marca para una prueba de contraste y le dicen que el motor presenta una fisura. Tras ponerse en contacto con la empresa vendedora para solicitar la resolución del contrato y la devolución del importe pagado, le dicen que el vehículo cuenta con una garantía de 12 meses, que todas las averías surgidas durante ese tiempo han sido tratadas pero que ya no está en garantía y que la resolución del contrato no procede porque ha expirado el plazo legal.

Es especialmente destacable que en el plazo de un año, el vehículo recorrió la nada desdeñable cantidad de 17.379 kms., si atendemos al kilometraje que consta en el contrato 152.000 kms., frente al consignado en la factura del taller oficial de la marca, que arroja 169.379 kms.

Esta parte demandada contesta la demanda alegando prescripción en el ejercicio de la acción ejercitada porque no quedaba claro cuál era en la demanda. Y reconoce el contrato de venta de vehículo suscrito pero manteniendo que siempre ha atendido a los requerimientos de la parte actora, y que todas las averías que le han notificado durante el periodo de garantía han sido solventadas.

Desestimada la prescripción opuesta, la jueza procede analizar el fondo del asunto llegando a la conclusión de que no se dan todos los requisitos previstos en la normativa para estimar la demanda y en consecuencia para proceder a la resolución del contrato de compraventa, en tanto en cuanto no queda acreditado un incumplimiento grave por parte de la empresa vendedora del vehículo ya que tal como consta con los justificantes aportados por la propia parte actora y reconoce en su demanda, durante todo el tiempo de garantía, esto es los doce primeros meses, todas las averías que han aparecido en el mismo han sido tratadas por el vendedor.

Literalmente establece la sentencia: “Aunque se le pretenda achacar a la demandada responsabilidad por un fallo en el motor y se hable de un vicio oculto, hemos de recordar que no se está ejercitando una acción de saneamiento por vicios ocultos sino de resolución contractual por incumplimiento del contrato de una de las partes, en este caso, y según la actora, de la vendedora, pero como bien ha expuesto el Letrado de esta parte en conclusiones, la obligaciones del vendedor conforme a la normativa era entregar el vehículo y realizar las reparaciones y/o sustituciones necesarias durante el plazo de garantía previsto en la ley para la defensa de consumidores y usuarios, lo cual ambas partes reconocen que se ha hecho. Además, el propio perito de la parte actora ha llegado a afirmar que la avería que presentaba el vehículo era una avería muy compleja, difícil de saber que existía si no la trata un mecánico experto e imposible que aparezca en una simple prueba de diagnosis, de hecho ha llegado a decir que “puede ser que el concesionario tampoco supiera de la presencia de esos defectos”.

En consecuencia, se desestima la demanda y se imponen las costas al consumidor demandante.

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